A un año del fallo de la Corte sobre aborto no punible: la justicia cordobesa sigue desconociendo los derechos de mujeres y niñas

15 05 2013

Por María Angélica Peñas Defago y Natalia Milisenda

En los últimos días, diversas oficinas del Estado nacional y provincial conmemoraron el día internacional de la mujer. En todos estos eventos institucionales enmarcados en el 8 de marzo, se repetía y celebraban los numerosos avances que ha dado la Argentina en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esa misma semana la Representante para Temas de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto nacional destacaba ante la 57° Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, los avances de Argentina en materia de violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos.

También en estos días, el 13 de marzo, se cumplió un año desde que la Corte Suprema, intérprete último de la Constitución Nacional, se pronunció respecto del alcance de la no punibilidad del aborto en nuestro país en “F.A.L s/ medida autosatisfactiva”. En esa oportunidad, la Corte reconoció el derecho de cualquier mujer a interrumpir un embarazo producto de una violación con su sola declaración jurada realizada ante su médico tratante, sin la necesidad de contar con una autorización judicial ni denuncia policial. El fallo toma en cuenta las numerosas observaciones realizadas a la Argentina por los Comités encargados de velar por el cumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos que el país ratificó con jerarquía constitucional en 1994 (1). Estos organismos han advertido que la negación o las trabas al acceso a los abortos permitidos en el Código Penal constituyen hechos de violencia perpetuados y/o consentidos por el Estado en sus diferentes niveles. Por ello, la decisión de la Corte marca una bisagra histórica que vino a saldar una de las numerosas deudas que el Estado argentino tiene en materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo en lo relativo a prácticas médicas y legales que sistemáticamente han obturado el acceso al derecho al aborto en caso de violación, reconocido desde 1921. Estas prácticas sistemáticas ya le valieron a nuestro país una condena internacional de parte del Comité de Derechos Humanos en el año 2011 en el caso L.M.R. c/Estado Argentino (2).

Ahora bien, todo este recuento de avances normativos ¿se cumplen en la provincia de Córdoba? El fallo de la Corte en consonancia con el mandato constitucional, así como el amplio debate y consenso social que el tema del aborto ha alcanzado en el país, y en particular en la provincia de Córdoba – según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, el 83,5% de la población cordobesa está a favor de que se permita el aborto si el embarazo es producto de una violación – parecen ser temas lejanos, cuando no directamente negados por el poder judicial de la provincia.

En Córdoba, desde abril de 2012, rige una medida cautelar que suspende parcialmente la aplicación del protocolo de aborto no punible aprobado por una resolución ministerial del poder ejecutivo provincial ese mismo año. Esta medida, confirmada por la Cámara Civil y Comercial 3°, desde hace casi un año, impide que niñas, adolescentes y mujeres accedan al aborto permitido por el Art. 86 inc. 2 del Código Penal en los casos de violación, en cualquier establecimiento de salud donde la provincia de Córdoba ejerza el poder de policía (establecimientos provinciales, municipales y privados). Esta decisión judicial impacta gravemente en la vida de niñas y mujeres forzándolas a continuar un embarazo consecuencia de violencia sexual o a acudir al sistema clandestino de abortos con altos riesgos para su salud y su vida, a pesar del mandato constitucional en sentido contrario. Esta obstrucción y/o negación de los servicios de aborto no punible reconoce como premisas la instrumentalización del cuerpo de las mujeres que se asientan en estereotipos de género, misóginos y patriarcales, lo que se traduce en avasallamientos a los derechos a la igualdad, la libertad, la dignidad y privacidad de mujeres y niñas.

En resumidas cuentas, el poder judicial cordobés se configura en un perpetuador de violencia institucional hacia las mujeres al permitir la judicialización de los abortos no punibles, práctica que la Corte Suprema buscó desterrar con el precedente F.A.L. La justicia de Córdoba, además, fuerza a mujeres y niñas a elegir entre continuar con un embarazo producto de una violencia sexual o poner en riesgo su vida y su salud en el sistema clandestino de abortos. Esta situación, de cara a los actuales debates por la democratización de la justicia, nos lleva a interrogarnos acerca del cuál es el valor y la concepción de justicia y democracia que atraviesa al Poder Judicial cordobés, sobre todo cuando son los derechos de las niñas y mujeres los que están en debate. La gravedad institucional que involucra el actual escenario local, nos interroga, también, acerca de cuáles son los intereses que hace que la justicia cordobesa persista en su actitud de negar el extenso marco normativo ya referido, el contundente mandato constitucional para la protección de nuestros derechos y el precedente de la Corte que establece pautas claras para la garantía de acceso al derecho del aborto permitido en nuestro Código Penal.

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1. Las observaciones a la Argentina las realizaron el Comité CEDAW en los años 1997, 2004 y 2010; el Comité de Derechos Humanos en los años 2000 y 2010; el Comité de los Derechos del Niño en el año 2010 y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2011. Todas estas observaciones advierten sobre la violación de derechos humanos a las mujeres que implica la denegación de acceso a los abortos permitidos en nuestro Código Penal. Por otro lado, el informe de febrero de este año del Relator Especial de ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, considera a estas prácticas como tortura.

2. El Comité de Derechos Humanos, en la Comunicación No 1608/2007, condena al Estado argentino por no garantizar el derecho al aborto en caso de violación. Además en esta oportunidad se determinó que hubo una injerencia ilegítima del Estado, a través del poder judicial, al violarse la relación médico-paciente ya que se obligó a solicitar una orden judicial. El Comité consideró a la Argentina responsable por violar, entre otros, los artículos 7, 17 y 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Columna publicada en la edición impresa del día 18 de marzo de 2013 del diario Comercio y Justicia.

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