Sin “cosa juzgada” (Todo, menos justicia)

7 11 2012

Por Mariela Puga*

Imaginemos un país en el que la interpretación constitucional es un juego de nunca acabar.

No importa lo que diga hoy la Corte Suprema, sólo importa la impronta desafiante de los jueces que, dos minutos después, lo desconocen.

¿Cuál sería el valor del derecho en ese país? ¿Cuán probable sería que las leyes sirvan como guías de nuestras conductas?

Este es el precario país que propuso el juez Federico Ossola al desconocer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de abortos no punibles.

A contramarcha del país. Córdoba se ha transformado en un país dentro de otro, donde sus mujeres, a contramarcha del resto de las argentinas, no tienen asegurado el acceso a un aborto en los casos de violación.

En efecto, si hoy un médico cordobés se enfrenta al pedido de una mujer violada y embarazada, se preguntará si el derecho que se le aplica es el que declaró la Corte en el caso “FAL”, o el que le resulta verosímil al juez Ossola en el caso “Portal de Belén”.

¿De qué le sirve una incoherencia como esta al médico que tiene que decidir? ¿Qué o quiénes ocuparán el lugar de las razones del derecho para guiar su decisión? ¿Cuántos poderes ilegítimos se cuelan allí donde el derecho ya no nos da una respuesta definitiva?

La decisión del magistrado cordobés supone un error jurídico y moral cuya semántica política no podemos pasar por alto.

El equívoco del juez fue considerar que la decisión de la Corte no es vinculante para él.

Confunde, desafortunadamente, los alcances instrumentales de una sentencia (en cuanto orden dirigida a las partes del proceso) con su carácter regulativo (en cuanto definición del significado concreto de una norma general).

Interpretación rechazada. Es verdad que la Corte no envió una orden directa a los funcionarios cordobeses, pero también es verdad que estableció cuáles son las implicancias prácticas de la norma del artículo 86° del Código Penal.

Negar que esa norma implica tales prácticas es rechazar la interpretación que del orden federal hizo la Corte Suprema. Eso es lo que hizo Ossola. Rechazó la interpretación del significado del artículo 86° que hizo nuestro máximo tribunal. Ojalá este sólo fuera el traspié de un jurista, pero lo cierto es que la decisión de este juez tiene implicancias éticas lamentables.

El magistrado resolvió someter los derechos reproductivos de las cordobesas a la fiscalización intrusiva de un “comité de ética”.

¿Desde qué atril se va a cuestionar a la mujer que dice haber sido violada? ¿Quiénes emprenderán, ya no como “jueces” sino como “éticos”, semejante requisa inquisitorial? ¿Desde cuándo las víctimas de delitos de acción privada son el objeto de tal violación a su intimidad?

Efectos prácticos. Todos sabemos bien que imponiendo estos escarnios a las mujeres no se va a cambiar la práctica del aborto en Córdoba.

Las mujeres siguen interrumpiendo sus embarazos, y más aún cuando ellos son el resultado de la violencia.

Lo que esta imposición sí consigue es intensificar la marginalidad, vulnerabilidad y riesgos para la vida y salud de aquellas mujeres sin recursos económicos. Y esto es una consecuencia particularmente inmoral, hoy directamente atribuible a la decisión de Ossola.

Por último, es bueno tener en mente que el juez nos desafía a todos, como comunidad política, al desafiar nuestro sistema institucional, que tiene a la Corte como su intérprete último.

Es por ello que hay una muy delgada línea entre un error judicial y el delito de prevaricato. Para lo primero, el remedio es la apelación; para lo segundo, sólo el juicio político.

Ataque a la dignidad. Las encuestas indican que entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de la población está a favor de que las mujeres se practiquen un aborto en caso de violación, si así lo desean.

Cuando el juez cordobés sujeta este derecho al escrutinio “ético”, lo hace en la temeraria confianza de que las preferencias de las mayorías actuales no son tan intensas, ni tan influyentes, como lo son las preferencias de las minorías conservadoras que promovieron su decisión.

Parece descansar en la confianza de que los funcionarios políticos cordobeses seguirán pagando, con las vidas y libertades de las cordobesas más pobres, el fanatismo de una elite.

Pero ignorar las listas de vidas y libertades que la historia confecciona siempre ha sido una mala idea.

Nuestra historia reciente lo atestigua.

Un error jurídico, un imprudente cálculo político y un infame ataque a la dignidad de las mujeres pueden llevar casi a cualquier lugar, menos a una “cosa juzgada”.

*Profesora de Derecho Constitucional en la Escuela de Ciencias Políticas de la Uner, coordinadora de la clínica jurídica de interés público Córdoba, miembro del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la FDCS-UNC.

Publicado en La Voz del Interior | 7 de noviembre de 2012 | http://www.lavoz.com.ar/opinion/sin-cosa-juzgada-todo-menos-justicia